26 de junio de 2002 – 26 de junio de 2005
Tres años: sigue la impunidad, sigue la lucha
Hace exactamente tres años, el gobierno de Duhalde, como lo había hecho antes el Estado de los milicos genocidas, desplegaba en este puente sus instrumentos del terror –cinco fuerzas de seguridad con un comando unificado- para reprimir la protesta popular organizada. Nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Kosteki pagaban con sus vidas las exigencias de control social de los voceros del poder económico, nacional e internacional. Más de treinta compañeros resultaban heridos con munición de plomo por la aplicación con la que el gobierno de Eduardo Duhalde cumplió con esas exigencias.
El 26 de junio de 2002 no fue una situación particular, sino un punto de inflexión en la lucha de clases protagonizada en aquel momento por las fuerzas populares y el Gobierno de Duhalde. Tampoco fue un hecho aislado. La masacre de Avellaneda tiene un contexto histórico que se remonta a los años finales del mandato de Menem, cuando comenzamos a sentir los efectos de las privatizaciones y la convertibilidad, con una desocupación y pobreza crecientes. Así los trabajadores desocupados de la ex YPF protagonizaron heroicas luchas en General Mosconi, Salta, y particularmente en Cutral Có, Neuquén, donde la policía provincial y la gendarmería nacional asesinan a Teresa Rodríguez.
Aquellas asambleas populares, con sus “fogoneros y piqueteros” fueron un gran ejemplo que rápidamente se expandió por el país y particularmente entre los trabajadores desocupados del conurbano bonaerense. Desde 1997 comienza a desarrollarse, a través de cientos de luchas, un importante movimiento que preocupa cada vez más a las clases dominantes de este país. Los años 2000 y 2001 fueron testigos de grandes piquetes protagonizados por desocupados en el marco de un creciente repudio a la gestión del ex presidente De la Rúa, obsecuente testaferro del imperialismo que no se cansó de aplicar ajustes desde que asumió, hasta llegar a confiscar los ahorros de millones de personas legalizando así el robo más grande de los últimos tiempos.
Irrumpen los sectores medios en las luchas sociales, se profundiza la crisis política de los partidos del régimen y llegan los saqueos. De la Rúa no tiene mejor idea que decretar el estado de sitio desatando un incontenible levantamiento popular en todo el país, con epicentro en la Capital Federal, que se cargó al gobierno tras la consigna “que se vayan todos”. Bajo este lema se reunirían durante muchos meses trabajadores ocupados y desocupados, asambleas populares, fábricas recuperadas, estudiantes y distintos sectores sociales.
En medio de este clima de luchas populares, asume Duhalde la presidencia, elegido entre cuatro paredes por los políticos de la clase dominante. Duhalde es puesto en la Rosada con un claro mandato del capitalismo de apagar el incendio, restaurando al régimen golpeado por esa marea ascendente de movilizaciones populares, expropiando a los trabajadores y el pueblo, beneficiando a los grandes grupos económicos mediante la devaluación monetaria. Intentando separar a los sectores medios de la clase trabajadora, para romper con el popular “piquete y cacerola, la lucha es una sola”. Y aislar, golpear, reprimir y desarticular al movimiento popular y particularmente a las organizaciones de desocupados.
Apenas dos meses después de asumir, Duhalde ya había mostrado cuál era su mandato. El 6 de febrero de 2002 caía asesinado Javier Barrionuevo por un disparo de Jorge “Batata” Bogado, puntero del PJ de la provincia de Buenos Aires, quien fue sobreseído por la justicia argentina en un juicio donde el propio fiscal pidió su absolución, pese a que había sido detenido en el mismo momento en el que efectuó el disparo. Muy poco después, en una protesta en Lanús contra el viejo puntero duhaldista Manuel Quindimil –uno de los participantes en la planificación de la masacre de Ezeiza del 20 de junio de 1974-, resultaba herido el compañero Juan Arredondo por un disparo de un guardiacárcel protegido por la Bonaerense. Como así también el ataque policial con armas de fuego al compañero Luis Barrios. Los aprietes de los punteros del PJ hacia las bases de los movimientos de desocupados eran moneda corriente, igual que las golpizas y las patoteadas a punta de pistola de los grupos de tareas de la SIDE hacia la militancia de las asambleas y organizaciones populares. La política de aprietes era combinada con saturación policial e intentos de cacheos a las movilizaciones y con una ofensiva política de las clases dominantes que se encolumnan detrás de los grandes medios de comunicación que al igual que hoy criminalizan la protesta social. Hacia junio de 2002 hubo en La Pampa una importante reunión de todos los gobernadores exigiendo represión al creciente conflicto social. Tampoco faltaron las voces del capitalismo a través de Crotto de la Sociedad Rural; Raúl Escasany, de los grupos financieros, con el apoyo de los grupos económicos más favorecidos por la devaluación como Pérez Companc y Techint, todo esto empujado por el imperialismo que, a través del FMI, exigía mayor disciplinamiento de los sectores populares a cambio de un acuerdo financiero con el gobierno.
Del otro lado los trabajadores desocupados y partidos políticos de izquierda profundizábamos la pelea con un plan de lucha Nacional el 26 de junio sitiando Capital Federal, cortando varios puntos de acceso a la misma. Las principales reivindicaciones de aquella jornada era el aumento del valor del subsidio para los desocupados a $250, la universalización de los planes sociales, trabajo genuino para todos y libertad y desprocesamiento a todos los luchadores populares.
Frente a la movilización anunciada, el entonces jefe de Gabinete Atanasof amenazó con que “cortar los puentes era una declaración de guerra al gobierno”.
Es en este contexto que llegamos a la Masacre de Avellaneda que no fue un hecho casual, aislado o producto de un desborde policial. Por el contrario, Duhalde junto a su plana mayor de funcionarios planificaron un preciso diagrama represivo en el que actuaron cinco fuerzas de seguridad del Estado: policía federal, policía bonaerense, gendarmería, prefectura y la SIDE.
El 26 de junio, el diseño represivo condujo primero a los compañeros a una provocación, montando cordones policiales entre las distintas columnas para impedir su confluencia. Después, la represión se extendió a más de 20 cuadras del Puente Pueyrredón. Hacia el sur, la cacería llegó hasta la estación de Gerli, a más de dos kilómetros del puente. Hacia el este, abarcó 11 cuadras por la avenida Mitre y paralelas. Horas después, y a más de 15 cuadras del lugar, los policías seguían disparando con munición de guerra. También se sumó el ataque al local de Izquierda Unida. Al menos dos grupos de agentes se conformaron como “grupos de tareas” para dar muerte a los manifestantes, a través del uso de munición de guerra expresamente prohibida para este tipo de operativos.
La estación de trenes de Avellaneda fue el lugar elegido por el “grupo de tareas” que comandó el comisario Alfredo Fanchiotti para coronar el objetivo criminal: de allí debían sacar muertos que pudieran atribuir a la interna piquetera. Entraron primero y produjeron los disparos que después dijeron haber escuchado desde afuera. Allí fusilaron por la espalda a Darío, quien estaba asistiendo a Maxi, herido de muerte en la avenida Pavón por el mismo grupo policial. Después de disparar, los efectivos borraron cada detalle del accionar criminal. Pero la torpeza de fusilar a Darío en un lugar lleno de fotógrafos dio pie al inicio del fracaso de toda la operación. El gobierno pretendió instalar la versión de que los asesinatos habían sido el resultado de un “enfrentamiento entre piqueteros”, e intentó mostrar a los desocupados como delincuentes, procesando también a un manifestante, Hernán Gurián, quien terminó como imputado en una causa por defender a sus compañeros reprimidos y detenidos en el hospital Fiorito. El gobierno también inició una causa contra los compañeros detenidos ese día, bajo la acusación de “atentado contra la democracia”, causa que sigue abierta. Pero en las horas posteriores, con la aparición de las fotos y videos, se conoció la verdad. Duhalde, entonces, quiso culpar a los policías que dispararon y desligarse de su responsabilidad. Ya era tarde: miles ganábamos las calles de todo el país repudiando la brutal represión, exigiendo el esclarecimiento de la masacre y la inmediata renuncia de Duhalde. Es que para cualquiera quedaba claro que un operativo de esa magnitud excedía ampliamente el poder de un comisario, o el de cualquier jefe uniformado; en la organización del Estado actual, semejante movimiento de tropas sólo se puede efectuar bajo la orden del presidente. Esto obligó a Duhalde a acortar su mandato y adelantar las elecciones presidenciales en medio de una profunda crisis política nacional.
Con esta nueva crisis y de la mano de Duhalde llega el actual presidente Néstor Kirchner, quien en dos oportunidades se reunió con familiares y organizaciones, comprometiéndose a investigar la masacre hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”, a través de una comisión investigadora mixta. Sin embargo, las promesas presidenciales no se cumplieron. Kirchner primero intentó cooptar a las organizaciones populares y al no poder hacerlo, termino exigiendo que se abandone por completo la lucha por justicia en el Puente Pueyrredón a cambio de la Comisión mixta. Ni las organizaciones ni los familiares aceptamos ese condicionamiento, y la comisión nunca existió. Otra de las afirmaciones de Kirchner hablaba de abrir los archivos de la SIDE. Primero lo prometió, enseguida lo olvidó, después dijo que esos archivos no existían. Finalmente, casi dos años después de su promesa, y apretado por las exigencias de familiares, organismos de derechos humanos y las organizaciones populares, ordenó abrir esos archivos. Pero lo hizo a través de un decreto que no sólo restringe la facultad de ver y decidir sobre esos archivos a los tres jueces del tribunal oral en el que se está desarrollando el juicio por la Masacre, sino que pasa por encima de los familiares y la querella, impidiéndoles su acceso. En un juicio que está diseñado para encubrir a los responsables políticos e intelectuales de la Masacre, esta forma de apertura de los archivos de la SIDE viene en realidad a convalidar la impunidad de esos responsables del 26 de junio. En otra clara actitud demagógica, Kirchner prometió justicia y garantizó impunidad.
Es que el poder encubre sus propios crímenes, y protegiendo a sus ejecutores se protege a sí mismo. Por eso, la impunidad respecto de esta masacre, como de tantas otras en la historia de nuestro país, es el correlato necesario para seguir aplicando, más allá de quien gobierne, las políticas de hambre, exclusión y entrega que también matan todos los días de manera silenciosa. Nosotros, nuestros hijos, nuestros ancianos, quedamos al margen del sistema de salud, de educación, de vivienda, de trabajo y de toda contención social y a merced del gatillo fácil, de la sobreexplotación laboral, entre tantas otras injusticias que como pueblo sufrimos diariamente. Para quienes luchamos contra estas injusticias, el Estado, también este Estado gerenciado por Kirchner, sólo responde a través de la persecución, los procesamientos, la cárcel, la tortura y la judicialización de la protesta. Así lo demuestran los asesinatos producidos durante este gobierno: Cristian Ibáñez y Marcelo Cuella en octubre de 2003 en Jujuy, el atentado con bomba en el acto de Plaza de Mayo en diciembre del 2003, el asesinato de Oso Cisneros el 25 de junio del año pasado. Hoy hay más de 5 mil luchadores procesados, y varias decenas de ellos son los presos políticos de este régimen político.
La lucha popular ha llevado adelante durante años las justas banderas de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Este gobierno, apretado por la terrible impunidad que reina en nuestro país, ahora nos quiere hacer creer que a partir de la nulidad de esas leyes, hoy la justicia es independiente. Nosotros afirmamos que no sólo la justicia no ha dejado de ser dependiente, sino que además no es la misma para todos. Así lo prueban las excarcelaciones Menem, de María Julia Alsogaray y de Omar Chabán, o la falta de castigo a De la Rúa como responsable de las muertes de Carlos Almiron, Graciela Acosta y 35 compañeros más el 19 y 20 de diciembre. Mientras tanto continúan detenidos en terribles condiciones, entre otros, luchadores como Gabriel Roser, los presos de la Legislatura, Castells o la siniestra sentencia aplicada a Romina Tejerina. También lo prueban el hecho de que este gobierno ha aprobado las leyes antiterroristas, ha creado la Fuerza Federal, ha modificado el Código de Convivencia. O el hecho de que este gobierno sigue encubriendo los asesinatos de los 14 mineros de Río Turbio y de los 194 jóvenes muertos en Cromañón. Pruebas tan concluyentes como la del hecho de que en la causa por la Masacre de Avellaneda sólo hay seis policías imputados: Fanchiotti, Acosta, Quevedo, Colman, Sierra y De la Fuente, y un ex policía, Robledo. Y de que sólo tres de ellos cumplen prisión preventiva.
No sólo por su actitud respecto de la Masacre de Avellaneda Kirchner demuestra que encarna la perfecta continuidad de sus antecesores. A tres años de la Masacre seguimos en el puente para luchar contra una situación social que poco ha cambiado y por las reivindicaciones por las que cayeron nuestros compañeros. A tres años de la Masacre vemos que la respuesta del gobierno en materia económica sigue siendo la misma que la de los anteriores: pago puntual de una deuda externa ilegítima y fraudulenta a través de un gigantesco ajuste sobre las espaldas de los sectores obreros y populares. Y frente a las crecientes luchas obreras y del pueblo, silencio, provocación, represión y la actitud criminal que significa negar un aumento en los planes sociales y su carácter universal, en un país en el que crece la inflación y las ganancias de los grupos económicos, pero se mantienen casi inamovibles los índices de pobreza y desempleo.
Por estas reivindicaciones cayeron nuestros compañeros. Es nuestro compromiso hacia ellos y hacia nuestros hijos seguir luchando para llevarlas hasta la victoria. Por eso a tres años de la Masacre las organizaciones de desocupados llevamos adelante un plan de lucha nacional y unificado por el aumento de los subsidios a $350, la universalización del subsidio a todos los desocupados, trabajo genuino para todos, libertad y desprocesamiento de todos los luchadores populares, no al pago de la deuda externa.
El manto de impunidad que se tendió sobre los autores intelectuales y responsables políticos de la Masacre de Avellaneda continúa hoy, tres años después, tan vigente como desde el primer momento. El juicio oral y público iniciado hace poco más de un mes en los tribunales de Lomas de Zamora está condenado, por la disposición de una justicia cómplice y dependiente, a sostener esa impunidad para los terroristas de Estado de la democracia que ordenaron, diseñaron, ejecutaron y supervisaron el plan represivo que llenó de sangre las calles de Avellaneda en veinte cuadras a la redonda.
Al compás de sus tejes y manejes, entre los fuegos artificiales de las peleas públicas y la sordidez de los acuerdos entre cuatro paredes, el gobierno de Néstor Kirchner viene cumpliendo un papel central en el sostenimiento de la impunidad para quienes nunca dejaron de ser sus aliados: Duhalde, Felipe Solá, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasof, Aníbal Fernández, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Carlos Soria, Oscar Rodríguez y Luis Genoud, entre otros. El mismo presidente que se vanagloria por la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, las leyes de impunidad para los terroristas de Estado de los años 70 y 80, es el que protege a los terroristas de Estado de estos tiempos.
A tres años de la masacre seguimos en el puente reclamando castigo por los cobardes asesinatos de Maxi y Darío. Ellos están hoy aquí, para luchar codo a codo con nosotros contra la impunidad. Pero sabemos que no sólo contra eso; también siguen estando en nuestra lucha contra el hambre, la entrega y la represión. Porque nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir luchando por Darío y por Maxi, pero también por los 30 mil desaparecidos durante la dictadura; por los más de 50 asesinados en democracia en protestas sociales, y para revertir esta realidad con la que quieren condicionar el futuro de nuestro pueblo. Por eso y para eso lucharon Darío y Maxi; por eso y para eso seguiremos adelante. Nuestro compromiso es no descansar y seguir luchando, hasta las últimas consecuencias, para que haya castigo a todos los responsables políticos, intelectuales y materiales de la muerte de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. La sangre derramada no se perdona, no se olvida, no se negocia.
Firman:
Organizaciones de desocupados: MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, Polo Obrero, FTC Nacional, MTR-CUBa, FTC Mesa Nacional, MTR 12 de Abril, TODU, M 29 de Mayo, MTL (Ibarra), UTL, MST Teresa Vive, CCC, MTR, MTL, OLP, FB 19 de Diciembre, CTD Aníbal Verón, Asambleas del Pueblo, BOP, UTD, UTP, MTL (Rebelde), MAR, MTD 1° de Mayo,
Partidos MIR, PTS, PO, MST, MAS.
