Comunicado de prensa ante la sentencia en el caso Bulacio. De la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), 11 de noviembre de 2013.
No es la Argentina “de otros tiempos”, es la de ahora.
La sentencia en el caso Bulacio: No es la Argentina “de otros
tiempos”, es la de ahora.
El viernes 8 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal n° 29 dio a
conocer su veredicto en el juicio al único acusado en el juicio por Walter
Bulacio el comisario Miguel Ángel Espósito, titular de la comisaría 35ª y jefe
del operativo policial del 19 de abril de 1991 en el estadio Obras.
Tres años de “prisión” en suspenso. Ésa es la respuesta del poder
judicial argentino, 22 años y medio después, frente a una razzia en la que se
detuvo sin razón alguna casi un centenar de jóvenes, que fueron trasladados a
palazo limpio a la comisaría, para luego ser paulatinamente liberados, tan
discrecionalmente como se los detuvo. Tres años de prisión en suspenso para uno
solo de los responsables, el que dirigió el procedimiento y conducía la
comisaría. En el largo camino hasta este juicio, quedaron archivadas las otras
72 detenciones ilegales acreditadas; los golpes; las amenazas, y, claro, la
tortura y muerte de Walter.
Desde que se anunció el inicio del juicio, dijimos que llegaba tarde y
mal. Más de 22 años después, lo único que el estado argentino estuvo dispuesto
a conceder, acorralado por la lucha popular, fue un juicio donde no se
discutieron las torturas y el asesinato de Walter, ni la razzia en cuyo marco
se produjo su detención. Un juicio limitado al comisario Espósito y a la
detención de Walter, como si esa noche, en Núñez, sólo hubieran estado ellos
dos, y como si Walter hubiera sobrevivido.
Ni el centenar de policías que protagonizaron la razzia, ni la
jefatura de la policía federal, ni los funcionarios del gobierno nacional de
los que Espósito y los demás policías dependían, estuvieron sentados en el
banquillo de los acusados, como reiteradamente lo planteamos desde la querella.
Algunos comisarios ya retirados, como el comisario Jorge Luis Passero, ex jefe de
la PFA, fueron traídos como testigos por la defensa y la fiscalía, como si
fueran terceros ajenos a un hecho en el que su responsabilidad era igual o
mayor que la del propio comisario Espósito.
El asesinato de Walter Bulacio es un ejemplo emblemático del
funcionamiento de las políticas represivas estatales en todos sus niveles: las
fuerzas de seguridad, dirigidas desde el poder ejecutivo, son las que detienen
arbitrariamente, torturan y matan a los hijos del pueblo trabajador; el poder
legislativo les pone a su disposición las herramientas “legales” para ejecutar
la represión, con las normas que los facultan para detener a cualquier en
cualquier momento y lugar, y el poder judicial se ocupa de diseñar y aplicar
los artilugios legitimar sus acciones y garantizar su impunidad. Gobierno tras
gobierno, cada uno con su particular estilo y discurso, todos se esfuerzan para
construir consenso a favor de la represión y le lavan la cara a su aparato
represivo. Hoy lo muestran claramente la creciente militarización del
territorio que profundiza el control social y la sanción reiterada de las leyes
“antiterroristas” reclamadas por el imperialismo que facilitan el
disciplinamiento de las organizaciones populares.
La detención, tortura y muerte de Walter Bulacio es un crimen de
estado, porque es un crimen policial, y la policía es el brazo armado del
estado, dirigida por el gobierno de turno. Hasta la Corte Interamericana de
DDHH lo reconoció así en su sentencia del 18 de septiembre de 2003, que sigue
incumplida. En su condena por la detención, tortura y muerte de Walter, la
Corte IDH ordenó al estado argentino individualizar y castigar a todos los
responsables por ese crimen de estado. El estado argentino respondió condenando
a un policía a tres años de prisión en suspenso.
La Corte IDH también ordenó al gobierno argentino derogar las normas y
las prácticas no normadas que habilitan las detenciones arbitrarias. El estado
argentino respondió cambiando algunos nombres: hoy dicen “establecimiento de
identidad” en lugar de “averiguación de antecedentes”; los edictos policiales
se llaman “códigos contravencionales”, y los dictan las legislaturas en lugar
de la policía, y en reemplazo del Memo 40 existe el “procedimiento de entrega
del menor”. Centenares de miles de personas son detenidas arbitrariamente por
año en todo el país, la tortura es una práctica habitual y sistemática, y las
distintas modalidades represivas se cobran un muerto por día.
Por eso, cuando hablamos de Walter, hablamos del presente. En todo
el país, en las calles de las barriadas populares, en las comisarías y en los
juzgados, se repite a diario la historia de Walter. Los jueces, a lo sumo, y
cuando no tienen más remedio, condenan simbólicamente algún Miguel Ángel
Espósito.
Walter fue asesinado durante el gobierno de Carlos Menem, pero la impunidad de
los responsables fue garantizada por cada gobierno posterior: el de la Alianza
UCR-Frepaso, con Fernando De la Rúa a la cabeza, y los gobiernos peronistas de
Eduardo Duhalde y Néstor y Cristina Kirchner, todos hicieron su parte, no para
defender a un comisario, sino para proteger la eficacia represiva de sus
fuerzas de seguridad y conservar las herramientas que necesitan para el control
social.
Por eso fue simplemente natural que las últimas palabras del
comisario fueran para agradecer a los jueces “por lo bien que me trataron,
porque me cuidaron y se preocuparon por mi salud”.
Por eso fue simplemente natural que el gobierno nacional mandara a su
secretario de DDHH, Martín Fresneda, a presenciar la lectura del veredicto y a
declarar a la salida que “Esto se circunscribe a la Argentina de otros
tiempos”, mientras los militantes de las organizaciones que llenaban la
calle, entre los que estaban los trabajadores petroleros de La Heras, le
gritaban: “Mirá Cristina, qué popular, es el gobierno con más presos por
luchar”.
En la Argentina “de otros tiempos”, en 1991, teníamos registrados
menos de 300 casos de gatillo fácil y tortura. En 2013, la democracia cumple 30
años al costo de más de 4.000 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad
del estado, fusilados por el gatillo fácil, asesinados en las cárceles,
desaparecidos, caídos en la lucha o, como Walter, torturados en una comisaría.
En la Argentina “de estos tiempos” kirchneristas, son 2.300 los asesinados por
el aparato represivo dirigido por el “gobierno nacional y popular”. En “estos
tiempos”, siguen muriendo adolescentes en comisarías, como Jorge Reyna en
Capilla del Monte.
Por eso hoy, como siempre, gritamos bien fuerte:
CONTRA LA REPRESIÓN ¡ORGANIZACIÓN Y LUCHA!
CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional)
