lunes, 10 de noviembre de 2014

DOCUMENTO: NI CASA SIN GENTE NI GENTE SIN CASA Frente a un nuevo presupuesto ¿Una misma desigualdad?

NI CASA SIN GENTE NI GENTE SIN CASA
Frente a un nuevo presupuesto ¿Una misma desigualdad?




Presupuesto del IVC para 2015


El presupuesto del Instituto de la Vivienda (IVC) redujo su participación sistematicamente de 5,4 % en 2005 al 3,7 % en 2008 y 2,2 % en 2013. Esta tendencia se profundiza en el proyecto presupuestario de la ciudad de 2015.El crecimiento del presupuesto a precios nominales es del 16 %, o sea que queda por debajo de la inflación estimada para el 2015, por lo cual este incremento aparente debe ser entendido como un recorte del presupuesto respecto al año anterior. A precios reales, y comparado con el crédito vigente del 2014, se reduce en un 14%. 

Decrece el porcentaje de presupuesto que se destina a obras y aumenta la proporción a favor de otros gastos. El presupuesto de villas del IVC (Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas y Núcleos Habitacionales Transitorios / PRIT) continúa reduciéndose llegando a ser menos de un millón de pesos. Solo el 11 % del presupuesto es financiado por el Tesoro de la Ciudad. El resto tiene como fuente de financiamiento fondos que provienen de Nación, de devolución de créditos o del impuesto al juego que solo puede ser utilizado para estos fines.

Los programas, comparados con el crédito vigente al primer semestre de 2014 a precios reales (ajustado por inflación, índice 28%), sufrieron la siguiente variación.
Los programas, comparados con el proyecto sancionado para 2014, sufrieron la siguiente variación.
Programa
Proyecto 2015
Sancionado 2014
Variación nominal 2014 / 2015 ($)
Variación nominal 2014 / 2015 (%)
9-Actividades comunes
286.598.000
240.734.611
45.863.389
19%
50-Hotelados
9.000.000
40.500.000
-31.500.000
-78%
100-341
150.000.000
112.700.510
37.299.490
33%
102-Colonia Sola
2.850.000
1.000.000
1.850.000
185%
104-PRIT
935.000
54.582.000
-53.647.000
-98%
105-Rehabilitacion La Boca
125.837.410
92.706.480
33.130.930
36%
106-Rehabilitacion Conjuntos Urbanos
210.079.750
162.144.170
47.935.580
30%
108-Mejor Vivir
1.350.000
3.350.000
-2.000.000
-60%
109-Viviendas Con ahorro previo
280.509.568
245.686.179
34.823.389
14%
110-Creditos mi primera casa
23.495.026
4.672.179
18.823.244
403%
111-Mi casa BA
50.534.423
-
50.534.423
100%
 Total
1.141.18177
958.076.129
183.113.445
16%

EMERGENCIA HABITACIONAL

La emergencia habitacional de la Ciudad de Buenos Aires es una dura realidad que pesa sobre los porteños desde hace años, sin que ninguno de los gobiernos que se han sucedido desde la recuperación democrática pudiera implementar políticas adecuadas y sostenidas en el tiempo. Esta problemática fue reconocida por la Ley Nº 1.408 en el año 2004, que declaraba la emergencia habitacional. Sin embargo, pocos instrumentos fueron creados para abordarla más allá de su mera declaración. Ibarra vetó parte de dicha ley, lo mismo hizo Macri. En 2010, incluso, Macri se dio el lujo de vetar la prórroga de la declaración de emergencia (Ley Nº 3654). Es decir, que esta gestión no considera el problema habitacional como una prioridad, ni reconoce el estado de emergencia. Reiteradamente, desde distintas organizaciones políticas y sociales hemos denunciado la desidia y la ineptitud de este gobierno en la problemática del hábitat popular. En lo que va de la gestión PRO, se ha desfinanciado la política de vivienda -pasando a representar de 4,1% en 2007 a tan solo 1.6% del presupuesto para 2015-, se ha profundizado su desarticulación –en la actualidad hay al menos 5 organismos de diferente jerarquía y dependencia que se ocupan de la temática-, y se ha intentado reiteradamente descapitalizar el Estado de la Ciudad –a través de la venta del patrimonio inmobiliario que bien podría ser utilizado para implementar políticas habitacionales activas para atacar la emergencia-.


En la actualidad, según estimaciones diversas,  600 mil personas se encuentran en situación de déficit habitacional, es decir alrededor de un 19% de la población: 275 mil personas viven en villas de emergencia, 220 mil personas en casas tomadas, 60 mil en inquilinatos, 60 mil en hoteles y 120 mil habitan en condiciones de hacinamiento. A partir de esta cifras, podemos afirmar que existen alrededor de 1.200.000 con necesidad de una vivienda, es decir que el deficit en su conjunto afecta  4 de cada 10 porteños.
Uno de los aspectos de la problemática habitacional en la ciudad remite a quienes residen en hoteles, inquilinatos, pensiones y casas tomadas, las cuales representan la vivienda del 5% de los hogares. En gran parte estas familias acceden a las piezas de inquilinatos o de hoteles familiares y pensiones a través del pago de un alquiler (76,0% y 96,9%, respectivamente) mensual o quincenal, lo que supone que no se trata de no querer pagar sino del hecho de que los requisitos impuestos por el mercado formal excluyen a un sector de la sociedad que no cubre las exigencias del mismo. A pesar de efectuar el pago de un alquiler, estos inquilinos soportan las pésimas condiciones de higiene y salubridad que se presentan en estos lugares. Además se ven sometidos a criterios de exclusividad para habitar allí, como ser el hecho de no poder vivir con hijos ni mascotas, y  las habituales prácticas discriminatorias y xenófobas. 

Pero esta representa la única alternativa para las familias, ya que de no vivir en estos lugares terminarían en la calle, asentamientos o villas. Estos vecinos no pueden hacerse de ningún reclamo por tolerar estos tratos ya que se trata de locaciones encubiertas. Aquí no existe para ellos ningún derecho como inquilinos ya que no son reconocidos como tales. Esto se debe a que no existe ningún tipo de regulación para este tipo de inquilinatos y no se respeta la ley existente. Se considera residentes transitorios a quienes llevan hasta más de 10 años habitando en un mismo hotel o pensión negándoles su derecho a reclamar las mismas exigencias que cualquier inquilino formal.

A su vez, muchas familias son estafadas por supuestos dueños que les cobran alquileres de casas que no son propias,  Luego de la estafa y el engaño viene el desalojo, del que muchas veces los vecinos ni siquiera están al tanto. Tras ser deshabitada la casa se destina a grandes construcciones de viviendas suntuosas que quedan vacías a merced de la especulación inmobiliaria. La única manera de poder reconocer esta realidad es declarando la emergencia habitacional de la ciudad y exigiendo el cese de los desalojos.

En este marco, afirmamos que una de las claves para resolver el problema habitacional de la ciudad es discutir el funcionamiento del mercado de suelo urbano y empezar a implementar políticas activas para garantizar el derecho de todos los residentes de esta ciudad a una vivienda digna y un hábitat adecuado.

ALQUILERES

La situación de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires merece ser discutida a la luz de los cambios que ha vivido la población de Buenos Aires en los últimos años. En paralelo a un proceso de auge de la construcción, el acceso a la vivienda ha sido, paradójicamente, cada vez más difícil. Se ha construido el equivalente a 325 mil departamentos de 60 mts cuadrados, pero en la Ciudad tenemos un 50% de los vecinos con dificultad o imposibilidad de acceso a un hogar digno.
 En ese marco, el porcentaje de porteños que se ve en la necesidad de alquilar una vivienda ha crecido notablemente en los últimos años. En el 2003, el 23,9% de los porteños recurría a un alquiler, mientras que el 64,5% era propietario de su vivienda. Diez años más tarde, los inquilinos han crecido en un 50%, hasta representar hoy exactamente 1/3 de los hogares de la ciudad. En contrapartida, los dueños de una vivienda se han reducido al 56%. Son elocuentes las cifras que el propio gobierno de la Ciudad publica: Cuando miramos la dificultad para comprar una vivienda, observamos que en 2011 se precisaban, en promedio, 46 sueldos para comprar un departamento de 3 ambientes. Dos años después, ese número alcanzo al equivalente de  69 sueldos.
 Los inquilinos representan hoy uno de los sectores más vulnerados y menos escuchados de esta Ciudad. En promedio, un/a porteño/a de entre 24 y 35 años gasta el 40% de su sueldo en el alquiler de una vivienda. Los precios suben como consecuencia de la actividad especulativa: las viviendas nuevas que se construyen no se vuelcan al mercado de alquileres, sino que permanecen vacías a la espera de una venta que permita realizar la ganancia de la inversión en el ladrillo. Y por si esto fuera poco, las condiciones impuestas por los pulpos inmobiliarios para otorgar un alquiler son cada vez más altas (escrituras, garantías, etc.).
La política pública del gobierno del PRO al respecto no ha hecho más que favorecer los intereses de quienes construyen y especulan con la vivienda, en detrimento de los inquilinos y de todos aquellos sectores con gran dificultad para acceder a la vivienda. Permisos de construcción de torres lujosas sin destino de vivienda, tolerancia a las viviendas vacías, venta de terrenos públicos, valorización especulativa de barrios tradicionales de la Ciudad, entre otras, son las políticas que han contribuido y mucho a empeorar la posibilidad de acceso a la vivienda.
Quienes elaboramos este material creemos que el Estado debe tener un rol activo en el mercado inmobiliario para garantizar el acceso a un alquiler en condiciones razonables. Se debe: 1) Regular los precios y condiciones de los alquileres; 2) Crear un impuesto a las viviendas que permanezcan vacías, para favorecer así que se vuelquen al mercado inmobiliario y amplíe la oferta (y bajen los precios) de alquileres; 3) Crear instancias de representación y defensa de los Inquilinos, frente a los abusos de  las inmobiliarias.

LEY 341

Exigimos para el Programa Autogestionario emergente de la Ley 341, una absoluta y profunda Reformulación Presupuestaria; reformulación que, respetando el Concepto de Participación que atraviesa e impregna todo el articulado de  la Constitución de la CABA, sea realizada con la participación real de las Organizaciones Populares involucradas en el PAV. Reformulación presupuestaria que se estructure en función de las 3 situaciones básicas: cooperativas en ejecución; las cooperativas en condiciones de inicio de sus obras; y las nuevas cooperativas ya constituidas garantizando la concreción de su acceso al suelo en la ciudad.  En este sentido, entendemos que para abordar las tres situaciones, el presupuesto proyectado para 2015 para este programa, debiera DUPLICARSE, contando con una asignación de recursos propios de $ 300.000.000 (trescientos millones).   

A su vez, es imprescindible concretar la Recuperación del Banco de Inmuebles comprados por la Ley 341 y que por diversas razones sus cooperativas dejaron de existir, ratificando el destino original: para que en dichos inmuebles, se conforme y ejecute autogestionariamente un Hábitat Humano para nuestras familias sin vivienda colectivamente organizadas.   
SOBRE LA PROFUNDIZACION DE LA LEY 341.
Transitados ya casi 14 años de implementación de este instrumento normativo y programático prácticamente único en nuestro país, creemos que es imprescindible trabajar colectivamente, Mesa de Trabajo Interactoral mediante, la Profundización de la 341; profundización que deberá tener entre sus ejes estructurales lo siguiente:
  • Producción Autogestionaria, productora de hábitat como bien de uso, no como mercancía, como requerimiento con carácter exclusivo para la ejecución del hábitat.
  • Aumento de la intervención y apoyatura estatal, incorporando junto a la imprescindible sostenibilidad financiera, la existencia de Centrales de Insumos Básicos de Materiales y de Provisión de Maquinas y Herramientas.
  • Generación de un Fondo de Autogestión del Hábitat, apoyado en una clara estructura tributaria progresiva.
  • Equipamientos Comunitarios y Productivos.
  • Incorporación de los PVTs Programas de Vivienda Transitoria, sabiendo que para los sectores en situación de pobreza crítica “sin vivienda transitoria, no habrá vivienda definitiva”.
  • Conformación de La Escuela de Autogestión del Hábitat de la CABA. Contando con la posibilidad de articulación con la Escuela de La SELVIHP- Secretaria Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular, las organizaciones sociales de hábitat y la Universidad. 

IMPULSO DE UNA LEY NACIONAL DE PRODUCCION AUTOGESTIONARIA DEL HABITAT
Partiendo del camino que nuestras organizaciones populares de hábitat han transitado; desde los pasos que se vienen dando en diversos lugares del país generando experiencias autogestionarias, planteamos impulsar en el 2015, un marco normativo autogestionario motorizando la creación de condiciones para la elaboración, gestión e implementación de una Ley Nacional de PSAHP, Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular

INMUEBLES OCIOSOS EN LA CIUDAD
El Censo 2010 da cuenta que un 24% de las viviendas particulares se encuentra deshabitada (340.975). Si bien es probable que esa categoría esté englobando también oficinas, consultorios, etc., el porcentaje de viviendas ociosas aumentó 9 veces en los últimos 20 años.
Dentro de la ciudad, y siguiendo los datos del último censo, las Comunas como la 1, la 2, la 13 y la 14 presentan la mayor cantidad de viviendas deshabitadas y es donde más se construyó. Asimismo, si tenemos en cuenta las viviendas nuevas construidas, podemos observar que en las comunas donde se concentran los barrios más vulnerables es donde menos se construyo en los años 2010 y 2011 (comunas 4, 8 y 9).
Los inmuebles injustificadamente ociosos se oponen a la función social de la propiedad, son parte de una cultura insolidaria, privatista e individualista que atenta contra la inclusión y el derecho a la ciudad. Siguiendo esta idea, sostenemos que el Estado debe intervenir en la dinámica del mercado inmobiliario, promoviendo el acceso al suelo y la vivienda de todos los habitantes. Para ello, es necesario promover la desmercantilización del acceso al suelo urbanizado, reconociendo la preeminencia del carácter de “Bien de Uso” de la vivienda por sobre su carácter de “Bien de Cambio”. Asimismo, debe intervenir y regular la situación de los inmuebles ociosos en la ciudad. 

BANCO DE INMUEBLES
Estamos convencidos de que es necesario regular el funcionamiento del banco de tierras e inmuebles del Instituto de Vivienda de la Ciudad (BTI), creado por el artículo nº 8 de la ley nº 1.251 de 2003, pero que nunca fue reglamentado en su funcionamiento. En la actualidad, el BTI no sirvió como herramienta de gestión urbana, sino que funcionó como un mero depósito o registro de inmuebles sin capacidad de incidencia en la dinámica de la ciudad.

Desde su creación BTI del IVC se limitó a ser un mero registro sin incidencia real en la dinámica económica del mercado de suelo de la ciudad. El suelo urbano debe cumplir una función social, y no quedar librado al devenir de la oferta y la demanda, porque el resultado de esto es la exclusión de gran parte de la población que se ve obligada a resolver su necesidad de manera precaria e informal, y el aumento de la segregación socioespacial.
La regulación del banco de inmuebles debe contemplar los siguientes criterios de funcionamiento:
·         Establecer una partida mínima del 10% de los recursos del IVC para el funcionamiento del BTI.
·         Optimizar el uso de los inmuebles que ya están en propiedad del Estado de la Ciudad, que cuenta con alrededor de 3.500 inmuebles en la Dirección General de Administración de Inmuebles, y declara 1280 vivienda desocupadas que podrían ser utilizadas para atacar la emergencia habitacional.
·         Procurar la incorporación de los inmuebles ociosos o subutilizados, para promover la recuperación de la trama urbana y un crecimiento más equilibrado del parque edificado.
·        Publicidad del registro de inmuebles y monitoreo y Control del funcionamiento del BTI por parte de la Legislatura.
URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS
Afirmamos que la Ciudad carece de un abordaje integral a la problemática de las villas y asentamientos. Esto no es casual, ni es falta de política, sino que obedece a orientar los recursos al sostenimiento de prácticas clientelares, que ocasiona peleas continuas entre los vecinos y desarticulación de las luchas. En sus propagandas suelen justificar su inversión a través de pintar las fachadas de las casas con colores bonitos, asfaltar algunas calles y construir canchas de fútbol en predios que los vecinos ya utilizaban para esos fines. Pero, año a año fueron desarticulando los organismos del Programa que atendía la Reintegración y Transformación de Villas, desmembrándolo en diversos programas, provocando la imposibilidad del seguimiento de las obras y un continuo “tirarse la pelota” entre funcionarios. Esto ha provocado que el acceso a los servicios públicos indispensables en cada barrio, sea cada vez más lejano en su cumplimiento, reduciéndolo en la actuación a la emergencia a través de la UGIS.
En la última década, el incremento de la población residente en villas y asentamientos fue del 52.3%. Las dificultades para el acceso formal de compra o alquiler de propiedades, ha contribuido a profundizar la presión sobre el mercado inmobiliario informal, por medio del cual numerosas familias acceden a piezas o habitaciones compartidas en villas, pagando montos que llegan a los 2.000 pesos mensuales para vivir con gran precariedad y en total desprotección jurídica. El hacinamiento, la precariedad de habitabilidad de las viviendas y la irregularidad de la tenencia, dan cuenta de una fuerte brecha entre la situación en las villas y asentamientos, por un lado,  y la ciudad formal por el otro:

·         Exigir la implementación de la Ley 148/98 a través de proyectos de urbanización integral, que den cuenta no sólo del mejoramiento de las viviendas sino que implique estrategias de desarrollo urbano en cada villa o asentamiento, con sus respectivos servicios públicos con la participación real de los vecinos y organizaciones, garantizando la incorporación de ese territorio al resto de la estructura de la ciudad en igualdad de condiciones.
·         Promover el acceso efectivo de los habitantes de villas y asentamientos al conjunto de políticas habitacionales de la ciudad.
·         Posibilitar en ese proceso el desarrollo de emprendimientos productivos, comerciales y de servicios –ya sea en el marco de la economía social y/o empresarial- que contribuyan al fortalecimiento de las economías populares bajo el acceso a actividades laborales formales. Es sumamente necesario articular la cuestión económica-productiva y de empleo con las políticas habitacionales y de viviendas ligadas a cada territorio.
·         Priorizar el acceso al mercado de alquiler formal – individual y mancomunado o asociativo- por parte de los actuales inquilinos en villas, mediante operatorias conjuntas IVC-BANCO CIUDAD y a través del Programa Público de Alquiler Social.  Para ello, será necesaria una efectiva presencia del Estado en los territorios.
·        Reunificar institucionalmente la intervención social y urbanística en villas (Programa Integrado bajo la órbita del Ministerio de Hábitat y Vivienda de la ciudad.)
LAS COMUNAS Y EL USO DE LAS TIERRAS
A pesar de la vigencia de la Ley Nº 1777, que promueve la descentralización administrativa, política, de decisión y control; el gobierno de la Ciudad sólo la aplica formalmente, para mantener la mayor centralización posible. Con esto las Juntas Comunales y Consejos Consultivos son sistemáticamente ignorados en cuanto a la consulta sobre las necesidades y las obras a encarar en los barrios. Por esta vía no se impulsa ni la participación democrática de los vecinos ni que tomen decisiones sobre su propio hábitat. Esto se expresa en todos los terrenos: salud, vivienda, educación, etc. También en cuanto al presupuesto, que no pasa ni en su armazón, ni en su aceptación por las Comunas, menos en su ejecución ya que no se brinda la jurisdicción para las Comunas.
En tal sentido, Afirmamos y exigimos  que se avance en  la descentralización, en la aplicación de la Ley de Comunas respetando los artículos 10 y 11 de la Ley 1.777 en cuanto a competencias exclusivas y concurrentes; aplicando todos los mecanismos democráticos de consulta a las Juntas Comunales, Consejos Consultivos y a los vecinos en forma directa, en lo que se refiere a las necesidades insatisfechas de Hábitat y Vivienda y a las prioridades de obras y servicios a encarar por el gobierno central, en base a las previsiones de un presupuesto que debería ser realmente participativo. 

FIRMAN:

Dirección de HÁBITAT de CTA CAPITAL / CTA CAPITAL
CAMINO DE LOS LIBRES
CORRIENTE CLASISTA COMBATIVA (CCC)
COLECTIVO POR LA IGUALDAD (PARTIDO SOCIAL)
CORRIENTE UNIDAD SUR
ENCUENTRO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA
FRENTE DARÍO POPULAR SANTILLAN CAPITAL (FPDS
MOVIMIENTO DE OCUPANTES E INQUILINOS (MOI)
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (MST)
MOVIMIENTO POR UN PUEBLO LIBRE
MOVIMIENTO TERRITORIAL LIBERACIÓN (MTL)
PATRIA GRANDE
UNIDAD POPULAR
VECINOS DEL BARRIO RAMÓN CARRILLO
MOVIMIENTO TERRITORIAL LIBERACIÓN REBELDE  (MTL REBELDE)             
MTD ANIBAL VERON CTA
ENCUENTRO DE VECINOS

LAURA GARCÍA TUÑÓN- ROCÍO SANCHEZ ANDÍA – FABIO BASTEIRO- FACUNDO DE FILIPPO (LEGISLADORES MC)


miércoles, 5 de noviembre de 2014

OBRAS para NO INUNDARNOS - Jornada de Lucha 5 de noviembre 17 horas concentramos en el Obelisco

Agradecemos su difusión
5/11/2014

OBRAS para NO INUNDARNOS

Jornada de Lucha 5 de noviembre 17 horas concentramos en el Obelisco para exigir:

OBRAS para NO INUNDARNOS
Re Urbanización de los barrios populares.
Ley de emergencia habitacional.
Acceso a la tierra y la vivienda.
Basta de especulación inmobiliaria.
Basta de desalojos.
Basta represión, judicialización, y criminalización de los luchadores y luchadoras populares.

Marchamos hasta el hasta el Ministerio de Espacio Público de la CABA y la Secretaria de Vivienda y Habitat del Gobierno Nacional, para exigir la implementación de obras de infraestructura, y el mantenimiento de las existentes.

ENCUENTRO DE VECINOS: MTD Aníbal Verón, MST-TV, MTL Rebelde, Agrup. Bartolina Sisa, Organizaciones Territoriales de la CTA.

Contactos de prensa:
Rodrigo Segovia                  011 15 57092026
Nicolás Mayr                        011 15 62573920
Sergio Bertaccini                 011 15 57713018