NI CASA SIN GENTE NI GENTE SIN CASA
Frente a un nuevo presupuesto ¿Una misma desigualdad?
Presupuesto del IVC para 2015
Decrece el porcentaje de presupuesto que se destina
a obras y aumenta la proporción a favor de otros gastos. El presupuesto de
villas del IVC (Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas
y Núcleos Habitacionales Transitorios / PRIT) continúa reduciéndose llegando a
ser menos de un millón de pesos. Solo el 11 % del presupuesto es financiado por
el Tesoro de la Ciudad. El resto tiene como fuente de financiamiento fondos que
provienen de Nación, de devolución de créditos o del impuesto al juego que solo
puede ser utilizado para estos fines.
Los programas, comparados con el crédito vigente al primer
semestre de 2014 a
precios reales (ajustado por inflación, índice 28%),
sufrieron la siguiente variación.
Los programas, comparados con el proyecto sancionado para 2014,
sufrieron la siguiente variación.
Programa
|
Proyecto
2015
|
Sancionado
2014
|
Variación
nominal 2014 / 2015 ($)
|
Variación
nominal 2014 / 2015 (%)
|
9-Actividades comunes
|
286.598.000
|
240.734.611
|
45.863.389
|
19%
|
50-Hotelados
|
9.000.000
|
40.500.000
|
-31.500.000
|
-78%
|
100-341
|
150.000.000
|
112.700.510
|
37.299.490
|
33%
|
102-Colonia Sola
|
2.850.000
|
1.000.000
|
1.850.000
|
185%
|
104-PRIT
|
935.000
|
54.582.000
|
-53.647.000
|
-98%
|
105-Rehabilitacion La Boca
|
125.837.410
|
92.706.480
|
33.130.930
|
36%
|
106-Rehabilitacion Conjuntos Urbanos
|
210.079.750
|
162.144.170
|
47.935.580
|
30%
|
108-Mejor Vivir
|
1.350.000
|
3.350.000
|
-2.000.000
|
-60%
|
109-Viviendas Con ahorro previo
|
280.509.568
|
245.686.179
|
34.823.389
|
14%
|
110-Creditos mi primera casa
|
23.495.026
|
4.672.179
|
18.823.244
|
403%
|
111-Mi casa BA
|
50.534.423
|
-
|
50.534.423
|
100%
|
Total
|
1.141.18177
|
958.076.129
|
183.113.445
|
16%
|
EMERGENCIA HABITACIONAL
La emergencia habitacional de la
Ciudad de Buenos Aires es una dura realidad que pesa sobre los porteños desde
hace años, sin que ninguno de los gobiernos que se han sucedido desde la
recuperación democrática pudiera implementar políticas adecuadas y sostenidas
en el tiempo. Esta problemática fue reconocida por la Ley Nº 1.408 en el año
2004, que declaraba la emergencia habitacional. Sin embargo, pocos instrumentos
fueron creados para abordarla más allá de su mera declaración. Ibarra vetó parte
de dicha ley, lo mismo hizo Macri. En 2010, incluso, Macri se dio el lujo de
vetar la prórroga de la declaración de emergencia (Ley Nº 3654). Es decir, que
esta gestión no considera el problema habitacional como una prioridad, ni
reconoce el estado de emergencia. Reiteradamente, desde distintas
organizaciones políticas y sociales hemos denunciado la desidia y la ineptitud
de este gobierno en la problemática del hábitat popular. En lo que va de la
gestión PRO, se ha desfinanciado la política de vivienda -pasando a representar
de 4,1% en 2007 a tan solo 1.6% del presupuesto para 2015-, se ha profundizado
su desarticulación –en la actualidad hay al menos 5 organismos de diferente
jerarquía y dependencia que se ocupan de la temática-, y se ha intentado reiteradamente
descapitalizar el Estado de la Ciudad –a través de la venta del patrimonio
inmobiliario que bien podría ser utilizado para implementar políticas
habitacionales activas para atacar la emergencia-.
En la actualidad, según estimaciones diversas, 600 mil personas se encuentran en situación de déficit habitacional, es decir alrededor de un 19% de la población: 275 mil personas viven en villas de emergencia, 220 mil personas en casas tomadas, 60 mil en inquilinatos, 60 mil en hoteles y 120 mil habitan en condiciones de hacinamiento. A partir de esta cifras, podemos afirmar que existen alrededor de 1.200.000 con necesidad de una vivienda, es decir que el deficit en su conjunto afecta 4 de cada 10 porteños.
Uno
de los aspectos de la problemática habitacional en la ciudad remite a quienes
residen en hoteles, inquilinatos, pensiones y casas tomadas, las cuales
representan la vivienda del 5% de los hogares. En gran parte estas familias
acceden a las piezas de inquilinatos o de hoteles familiares y pensiones a
través del pago de un alquiler (76,0% y 96,9%, respectivamente) mensual o
quincenal, lo que supone que no se trata de no querer pagar sino del hecho de
que los requisitos impuestos por el mercado formal excluyen a un sector de la
sociedad que no cubre las exigencias del mismo. A pesar de efectuar el pago de
un alquiler, estos inquilinos soportan las pésimas condiciones de higiene y
salubridad que se presentan en estos lugares. Además se ven sometidos a
criterios de exclusividad para habitar allí, como ser el hecho de no poder
vivir con hijos ni mascotas, y las
habituales prácticas discriminatorias y xenófobas.
Pero esta representa la
única alternativa para las familias, ya que de no vivir en estos lugares
terminarían en la calle, asentamientos o villas. Estos vecinos no pueden
hacerse de ningún reclamo por tolerar estos tratos ya que se trata de
locaciones encubiertas. Aquí no existe para ellos ningún derecho como
inquilinos ya que no son reconocidos como tales. Esto se debe a que no existe
ningún tipo de regulación para este tipo de inquilinatos y no se respeta la ley
existente. Se considera residentes transitorios a quienes llevan hasta más de
10 años habitando en un mismo hotel o pensión negándoles su derecho a reclamar
las mismas exigencias que cualquier inquilino formal.
A
su vez, muchas familias son estafadas por supuestos dueños que les cobran
alquileres de casas que no son propias,
Luego de la estafa y el engaño viene el desalojo, del que muchas veces
los vecinos ni siquiera están al tanto. Tras ser deshabitada la casa se destina
a grandes construcciones de viviendas suntuosas que quedan vacías a merced de
la especulación inmobiliaria. La única manera de poder reconocer esta realidad
es declarando la emergencia habitacional de la ciudad y exigiendo el cese de
los desalojos.
En este marco, afirmamos que una de las claves para resolver el
problema habitacional de la ciudad es discutir
el funcionamiento del mercado de suelo urbano y empezar a implementar políticas
activas para garantizar el derecho de todos los residentes de esta ciudad a una
vivienda digna y un hábitat adecuado.
ALQUILERES
La situación de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires merece ser
discutida a la luz de los cambios que ha vivido la población de Buenos Aires en
los últimos años. En paralelo a un proceso de auge de la construcción, el
acceso a la vivienda ha sido, paradójicamente, cada vez más difícil. Se ha
construido el equivalente a 325 mil departamentos de 60 mts cuadrados, pero en
la Ciudad tenemos un 50% de los vecinos con dificultad o imposibilidad de
acceso a un hogar digno.
En ese marco, el porcentaje de porteños que se ve en la necesidad
de alquilar una vivienda ha crecido notablemente en los últimos años. En el
2003, el 23,9% de los porteños recurría a un alquiler, mientras que el 64,5%
era propietario de su vivienda. Diez años más tarde, los inquilinos han crecido
en un 50%, hasta representar hoy exactamente 1/3 de los hogares de la ciudad.
En contrapartida, los dueños de una vivienda se han reducido al 56%. Son elocuentes
las cifras que el propio gobierno de la Ciudad publica: Cuando miramos la
dificultad para comprar una vivienda, observamos que en 2011 se precisaban, en
promedio, 46 sueldos para comprar un departamento de 3 ambientes. Dos años
después, ese número alcanzo al equivalente de
69 sueldos.
Los inquilinos representan hoy uno de los sectores más vulnerados
y menos escuchados de esta Ciudad. En promedio, un/a porteño/a de entre 24 y 35
años gasta el 40% de su sueldo en el alquiler de una vivienda. Los precios
suben como consecuencia de la actividad especulativa: las viviendas nuevas que
se construyen no se vuelcan al mercado de alquileres, sino que permanecen
vacías a la espera de una venta que permita realizar la ganancia de la
inversión en el ladrillo. Y por si esto fuera poco, las condiciones impuestas
por los pulpos inmobiliarios para otorgar un alquiler son cada vez más altas
(escrituras, garantías, etc.).
La política pública del gobierno del PRO al respecto no ha hecho más que
favorecer los intereses de quienes construyen y especulan con la vivienda, en
detrimento de los inquilinos y de todos aquellos sectores con gran dificultad
para acceder a la vivienda. Permisos de construcción de torres lujosas sin
destino de vivienda, tolerancia a las viviendas vacías, venta de terrenos
públicos, valorización especulativa de barrios tradicionales de la Ciudad,
entre otras, son las políticas que han contribuido y mucho a empeorar la
posibilidad de acceso a la vivienda.
Quienes elaboramos este material creemos que el Estado debe tener un rol
activo en el mercado inmobiliario para garantizar el acceso a un alquiler en
condiciones razonables. Se debe: 1) Regular
los precios y condiciones de los alquileres; 2) Crear un impuesto a las viviendas que permanezcan vacías, para
favorecer así que se vuelquen al mercado inmobiliario y amplíe la oferta (y
bajen los precios) de alquileres; 3) Crear
instancias de representación y defensa de los Inquilinos, frente a los abusos
de las inmobiliarias.
LEY 341
Exigimos para el
Programa Autogestionario emergente de la Ley 341, una absoluta y profunda Reformulación Presupuestaria; reformulación
que, respetando el Concepto de Participación que atraviesa e impregna todo el
articulado de la Constitución de la
CABA, sea realizada con la participación real de las Organizaciones Populares
involucradas en el PAV. Reformulación presupuestaria que se estructure en
función de las 3 situaciones básicas: cooperativas
en ejecución; las cooperativas en
condiciones de inicio de sus obras; y las nuevas cooperativas ya constituidas garantizando la concreción de
su acceso al suelo en la ciudad. En este sentido, entendemos que para abordar
las tres situaciones, el presupuesto
proyectado para 2015 para este programa, debiera DUPLICARSE, contando con
una asignación de recursos propios de $
300.000.000 (trescientos millones). A su vez, es imprescindible concretar la Recuperación del Banco de Inmuebles comprados por la Ley 341 y que por diversas razones sus cooperativas dejaron de existir, ratificando el destino original: para que en dichos inmuebles, se conforme y ejecute autogestionariamente un Hábitat Humano para nuestras familias sin vivienda colectivamente organizadas.
Transitados ya casi 14 años de implementación de este instrumento
normativo y programático prácticamente único en nuestro país, creemos que es
imprescindible trabajar colectivamente, Mesa de Trabajo Interactoral mediante,
la Profundización de la 341;
profundización que deberá tener entre sus ejes estructurales lo siguiente:
- Producción Autogestionaria, productora de hábitat como bien de uso, no como mercancía, como requerimiento con carácter exclusivo para la ejecución del hábitat.
- Aumento de la intervención y apoyatura estatal, incorporando junto a la imprescindible sostenibilidad financiera, la existencia de Centrales de Insumos Básicos de Materiales y de Provisión de Maquinas y Herramientas.
- Generación de un Fondo de Autogestión del Hábitat, apoyado en una clara estructura tributaria progresiva.
- Equipamientos Comunitarios y Productivos.
- Incorporación de los PVTs Programas de Vivienda Transitoria, sabiendo que para los sectores en situación de pobreza crítica “sin vivienda transitoria, no habrá vivienda definitiva”.
- Conformación de La Escuela de Autogestión del Hábitat de la CABA. Contando con la posibilidad de articulación con la Escuela de La SELVIHP- Secretaria Latinoamericana de la Vivienda y el Hábitat Popular, las organizaciones sociales de hábitat y la Universidad.
IMPULSO DE UNA LEY NACIONAL DE PRODUCCION AUTOGESTIONARIA DEL
HABITAT
Partiendo del camino que nuestras organizaciones populares de
hábitat han transitado; desde los pasos que se vienen dando en diversos lugares
del país generando experiencias autogestionarias, planteamos impulsar en el 2015,
un marco normativo autogestionario motorizando la creación de condiciones para
la elaboración, gestión e implementación de una Ley Nacional de PSAHP, Producción Social Autogestionaria de
Hábitat Popular.
INMUEBLES OCIOSOS EN LA CIUDAD
Dentro de la ciudad, y siguiendo los datos del último censo, las
Comunas como la 1, la 2, la 13 y la 14 presentan la mayor cantidad de viviendas
deshabitadas y es donde más se construyó. Asimismo, si tenemos en cuenta las
viviendas nuevas construidas, podemos observar que en las comunas donde se
concentran los barrios más vulnerables es donde menos se construyo en los años
2010 y 2011 (comunas 4, 8 y 9).
Los
inmuebles injustificadamente ociosos se oponen a la función social de la
propiedad, son parte de una cultura insolidaria, privatista e individualista
que atenta contra la inclusión y el derecho a la ciudad. Siguiendo esta idea,
sostenemos que el Estado debe intervenir en la dinámica del
mercado inmobiliario, promoviendo el acceso al suelo y la vivienda de todos los
habitantes. Para ello, es necesario
promover la desmercantilización del acceso al suelo urbanizado,
reconociendo la preeminencia del carácter de “Bien de Uso” de la vivienda por
sobre su carácter de “Bien de Cambio”. Asimismo, debe intervenir y regular la
situación de los inmuebles ociosos en la ciudad.
BANCO DE INMUEBLES
Estamos
convencidos de que es necesario regular el funcionamiento del banco de tierras
e inmuebles del Instituto de Vivienda de la Ciudad (BTI), creado por el artículo
nº 8 de la ley nº 1.251 de 2003, pero que nunca fue reglamentado en su
funcionamiento. En la actualidad, el BTI no sirvió como herramienta de gestión
urbana, sino que funcionó como un mero depósito o registro de inmuebles sin
capacidad de incidencia en la dinámica de la ciudad.
Desde su creación BTI del IVC se limitó a ser un
mero registro sin incidencia real en la dinámica económica del mercado de suelo
de la ciudad. El suelo urbano debe cumplir una función social, y no quedar
librado al devenir de la oferta y la demanda, porque el resultado de esto es la
exclusión de gran parte de la población que se ve obligada a resolver su
necesidad de manera precaria e informal, y el aumento de la segregación
socioespacial.
La regulación del banco de inmuebles debe
contemplar los siguientes criterios de funcionamiento:
·
Establecer una
partida mínima del 10% de los recursos del IVC para el funcionamiento del BTI.
·
Optimizar el uso de
los inmuebles que ya están en propiedad del Estado de la Ciudad, que cuenta con
alrededor de 3.500 inmuebles en la Dirección General de Administración de
Inmuebles, y declara 1280 vivienda desocupadas que podrían ser utilizadas para
atacar la emergencia habitacional.
·
Procurar la
incorporación de los inmuebles ociosos o subutilizados, para promover la
recuperación de la trama urbana y un crecimiento más equilibrado del parque
edificado.
·
Publicidad del
registro de inmuebles y monitoreo y Control del funcionamiento del BTI por
parte de la Legislatura.
URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS
Afirmamos que la Ciudad carece de un
abordaje integral a la problemática de las villas y asentamientos. Esto no es
casual, ni es falta de política, sino que obedece a orientar los recursos al
sostenimiento de prácticas clientelares, que ocasiona peleas continuas entre
los vecinos y desarticulación de las luchas. En sus propagandas suelen
justificar su inversión a través de pintar las fachadas de las casas con
colores bonitos, asfaltar algunas calles y construir canchas de fútbol en
predios que los vecinos ya utilizaban para esos fines. Pero, año a año fueron
desarticulando los organismos del Programa que atendía la Reintegración y
Transformación de Villas, desmembrándolo en diversos programas, provocando la
imposibilidad del seguimiento de las obras y un continuo “tirarse la pelota”
entre funcionarios. Esto ha provocado que el acceso a los servicios públicos
indispensables en cada barrio, sea cada vez más lejano en su cumplimiento,
reduciéndolo en la actuación a la emergencia a través de la UGIS.
En
la última década, el incremento de la población residente en villas y
asentamientos fue del 52.3%. Las dificultades para el acceso formal de
compra o alquiler de propiedades, ha contribuido a profundizar la presión sobre
el mercado inmobiliario informal, por medio del cual numerosas familias acceden
a piezas o habitaciones compartidas en villas, pagando montos que llegan a los
2.000 pesos mensuales para vivir con gran precariedad y en total desprotección
jurídica. El hacinamiento, la precariedad de habitabilidad de las viviendas y
la irregularidad de la tenencia, dan cuenta de una fuerte brecha entre la
situación en las villas y asentamientos, por un lado, y la ciudad formal por el otro:
·
Exigir
la implementación de la Ley 148/98 a través de proyectos de urbanización
integral, que den cuenta no sólo del mejoramiento de las viviendas sino que
implique estrategias de desarrollo urbano en cada villa o asentamiento, con sus
respectivos servicios públicos con la participación real de los vecinos y
organizaciones, garantizando la incorporación de ese territorio al resto de la
estructura de la ciudad en igualdad de condiciones.
·
Promover
el acceso efectivo de los habitantes de villas y asentamientos al conjunto de
políticas habitacionales de la ciudad.
·
Posibilitar
en ese proceso el desarrollo de emprendimientos productivos, comerciales y de
servicios –ya sea en el marco de la economía social y/o empresarial- que
contribuyan al fortalecimiento de las economías populares bajo el acceso a
actividades laborales formales. Es sumamente necesario articular la cuestión
económica-productiva y de empleo con las políticas habitacionales y de
viviendas ligadas a cada territorio.
·
Priorizar
el acceso al mercado de alquiler formal – individual y mancomunado o
asociativo- por parte de los actuales inquilinos en villas, mediante
operatorias conjuntas IVC-BANCO CIUDAD y a través del Programa Público de
Alquiler Social. Para ello, será
necesaria una efectiva presencia del Estado en los territorios.
·
Reunificar
institucionalmente la intervención social y urbanística en villas (Programa
Integrado bajo la órbita del Ministerio de Hábitat y Vivienda de la ciudad.)
LAS COMUNAS Y EL USO DE LAS TIERRAS
A pesar de la vigencia de la Ley Nº
1777, que promueve la descentralización administrativa, política, de decisión y
control; el gobierno de la Ciudad sólo la aplica formalmente, para mantener la
mayor centralización posible. Con esto las Juntas Comunales y Consejos
Consultivos son sistemáticamente ignorados en cuanto a la consulta sobre las
necesidades y las obras a encarar en los barrios. Por esta vía no se impulsa ni
la participación democrática de los vecinos ni que tomen decisiones sobre su
propio hábitat. Esto se expresa en todos los terrenos: salud, vivienda,
educación, etc. También en cuanto al presupuesto, que no pasa ni en su armazón,
ni en su aceptación por las Comunas, menos en su ejecución ya que no se brinda
la jurisdicción para las Comunas.
En tal sentido, Afirmamos
y exigimos que se avance en la descentralización, en la aplicación de la
Ley de Comunas respetando los artículos 10 y 11 de la Ley 1.777 en cuanto a
competencias exclusivas y concurrentes; aplicando todos los mecanismos
democráticos de consulta a las Juntas Comunales, Consejos Consultivos y a los
vecinos en forma directa, en lo que se refiere a las necesidades insatisfechas
de Hábitat y Vivienda y a las prioridades de obras y servicios a encarar por el
gobierno central, en base a las previsiones de un presupuesto que debería ser
realmente participativo.
FIRMAN:
Dirección de HÁBITAT de CTA CAPITAL / CTA CAPITAL
CAMINO DE LOS LIBRES
CORRIENTE CLASISTA COMBATIVA (CCC)
COLECTIVO POR LA IGUALDAD (PARTIDO SOCIAL)
CORRIENTE UNIDAD SUR
ENCUENTRO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA
FRENTE DARÍO POPULAR SANTILLAN CAPITAL (FPDS
MOVIMIENTO DE OCUPANTES E INQUILINOS (MOI)
MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES (MST)
MOVIMIENTO POR UN PUEBLO LIBRE
MOVIMIENTO TERRITORIAL LIBERACIÓN (MTL)
PATRIA GRANDE
UNIDAD POPULAR
VECINOS DEL BARRIO RAMÓN CARRILLO
MOVIMIENTO TERRITORIAL LIBERACIÓN REBELDE (MTL REBELDE)
MTD ANIBAL VERON CTA
ENCUENTRO DE VECINOS
LAURA GARCÍA TUÑÓN- ROCÍO
SANCHEZ ANDÍA – FABIO BASTEIRO- FACUNDO DE FILIPPO (LEGISLADORES MC)
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