COMUNICADO URGENTE DEL
MTE
EN EL MARCO DEL CONFLICTO
CON GALPONEROS ILEGALES
¡Los derechos
conquistados no serán letra muerta!
¡La
militancia popular es enemiga de las mafias!
EN ESTOS MOMENTOS, ACOPIADORES Y
MAFIOSOS INTENTAN COOPAR CENTRO LOGÍSTICO DEL PROGRAMA DE CARTONEROS
Se informa a las organizaciones
hermanas que en el marco de la actual etapa de la lucha para la dignificación
de los trabajadores cartoneros, la militancia del MTE se encuentra librando una
fuerte pelea contra la mafia de los intermediarios-explotadores que comienza a
expresarse en hechos de violencia. Al respecto, pedimos la solidaridad de las
organizaciones populares y exigimos que el Gobierno de la Ciudad asuma las
obligaciones emergentes de la Contrata del Servicio Público de Reciclado, entre
ellas, garantizar precios mayoristas para el total de los 4500 cartoneros del
incorporados al servicio.
Después de un lago proceso que se
reseña más abajo (ver contexto), se abre la etapa más difícil en nuestra
lucha: la recuperación de la renta que genera el trabajo de todos los
cartoneros que recuperan residuos reciclables en la Ciudad. Es responsabilidad
indelegable del Estado garantizar la eliminación de la cadena mafiosa de
intermediación y garantizar un precio justo para los trabajadores cartoneros.
En esta etapa como en las anteriores se
afectarán intereses económicos de explotadores y parásitos que viven del
trabajo ajeno. Esta vez, le tocará perder a la mafia de los intermediarios.
Como primera medida, debemos garantizar en un plazo no mayor a 90
días que en los establecimientos de acopio propiedad del Gobierno de la Ciudad
se establezca un esquema de comercialización que permita a los trabajadores cartoneros
la obtención de precios mayoristas por sus materiales. Esto permitirá un
incremento del 50% en los ingresos de los trabajadores. A todos los
trabajadores de los galponeros se les debe garantizar puestos de trabajo.
Claro está que no se va a lograr sin
enfrentar férreamente a la mafia intermediaria, un sector violentísimo,
estrechamente ligado al narcotráfico y que lamentablemente tiene cooptados
algunos integrantes de las cooperativas e incluso a funcionarios del gobierno.
La Dirección General de Reciclado (DGERC), lejos de asumir su responsabilidad,
permite por omisión que en establecimientos del Estado se amedrente a los
trabajadores y militantes que están asumiendo las responsabilidades que ellos
relegan. Esta suerte de “zona liberada” es funcional para disciplinar y
silenciar a los que trabajan por la implementación efectiva de un sistema de
reciclado sin negociados.
Entre otros hechos de violencia que se
produjeron en los últimos días, dos militantes populares fueron brutalmente
amedrentados. La causa: para no exponer a los compañeros de base y ante la
inacción de los funcionarios a cargo, intentaron impedir el acopio de telas
altamente inflamables en un predio del Gobierno de la Ciudad sito en Tandil y
Olivera. Como respuesta, sufrieron agresiones y luego amenazas de muerte por
parte de un sujeto que opera como fuerza de choque al servicio del
intermediario-explotador.
El autor material de las amenazas es
Ramón Ledesma, un delincuente extremadamente violento con frondosos
antecedentes y ostensibles vínculos con el narcotráfico, que se trasporta en
vehículos del alta gama y se autodenomina impunemente el Pistolero de Fiorito.
Las amenazas se produjeron dentro de instalaciones del Gobierno de la Ciudad a
las que Ledesma tiene prohibido el ingreso por hechos delictivos anteriores que
empañaron el sacrificado trabajo de miles de cartoneros. Se aclara a todos que
Ledesma no tiene vinculación alguna con el MTE y ha sido expulsado de la
Cooperativa Amanecer de los Cartoneros.
Los hechos fueron oportunamente
denunciados a las autoridades de la DGERC que no tomaron las medidas adecuadas
poniendo en grave riesgo a nuestros compañeros que se vieron obligados a
retirar las telas ellos mismos, informando previamente al Director de Reciclado
que prestó su conformidad en una reunión de la que participaron delegados
gremiales de ATE.
Increíblemente, hoy, lejos de
garantizar la seguridad como se había comprometido, recibió en su despacho al
galponero quién, tras la cordial reunión con la máxima autoridad del área cuyo
contenido no conocemos, ingresó a la fuerza las telas al predio, superando al
personal de seguridad y alegando estar autorizado para ello, con la custodia
del mencionado Ledesma y un puñado de matones. En este momento, no más de 10
violentos se encuentran bloqueando las entradas al predio comandados por
Ledesma que dirige “negociaciones” con el gobierno. Ninguna autoridad se hizo
presente, pese a nuestros reiterados llamados. Los compañeros están viviendo
una situación de tensión indescriptible.
Vale destacar que, aunque es
comprensible la necesidad de tiempo para que la nueva gestión ordene los
innumerables problemas heredados, el cambio de Director General no es excusa
para seguir demorando las medidas urgentes que deben tomarse en casos de tamaña
gravedad. Mucho menos para adoptar una actitud rayana en la complicidad con la
mafia acopiadora.
Desde el MTE estamos realizando los
máximos esfuerzos evitar dar lugar a cualquier utilización política del
conflicto. Sin embargo, la gravedad de la situación nos obliga a compartir con
ustedes los hechos, en resguardo la integridad de nuestros compañeros, como paso
previo a realizar un plan de lucha a gran escala. Responsabilizamos a la
Dirección de Reciclado de la Ciudad de Buenos Aires por nuestra integridad, la
instamos a reconsiderar su actitud, la intimamos a regularizar el sistema de
comercialización en un plazo de 90 días y reafirmamos nuestra intención de
pelear por los derechos de los trabajadores frente a toda injusticia.
Queda claro que Ledesma y todos los
involucrados no tienen vinculación alguna con el MTE y cualquier utilización de
recursos afectados al Sistema de Reciclado es exclusiva responsabilidad de la
DGREC.
MOVIMIENTO DE
TRABAJADORES EXCLUIDOS (MTE)
¡Ni esclavos Ni excluidos!
Contexto
En la Argentina, más de 100.000
trabajadores cartoneros están sometidos a un régimen de trabajo que atenta
contra los derechos laborales elementales que debe gozar cualquier argentino.
Cartonear es sinónimo de dignidad pero también de jornadas agobiantes,
problemas de salubridad, accidentes de trabajo, discriminación. Ese
esfuerzo titánico de miles de hombres y mujeres humildes de nuestro pueblo por
vivir honestamente de SU TRABAJO es recompensado por precios miserables por los
materiales recuperados y balanzas trucadas.
El trabajo de los cartoneros permite la
recuperación de 4.000 toneladas diarias de materiales reciclables a escala
nacional, el 82% del total de los residuos que se recuperan. Esto sólo, además
de constituir la única barrera contra el colapso de los rellenos sanitarios y
una crisis ambiental de magnitudes insospechadas, representa un ahorro de unos
1480 millones de pesos anuales en gastos de enterramiento.
El trabajo de los cartoneros es,
además, la principal fuente de materia prima para la industria del reciclado en
sus distintas ramas: cartón, papel, vidrio, telas y plástico. Claro que su
sacrificio genera una enorme riqueza que, en gran medida, queda en manos de un
puñado de grandes empresarios y una extensa red de intermediarios clandestinos
que no sólo explota de manera salvaje a los trabajadores que se desempeñan
dentro de los galpones ilegales sino que compra los materiales recuperados por
los cartoneros a precios viles y trampeando con las balanzas.
Después de 10 años de lucha, el
Movimiento Cartonero ha logrado el reconocimiento de la importancia ecológica
de su labor y algunas conquistas que permitieron mejorar las condiciones de
trabajo de miles de compañeros y disminuir drásticamente el trabajo infantil en
el sector. Lamentablemente estas conquistas se circunscriben a unos pocos
distritos del país, siendo la Ciudad de Buenos Aires el punto más alto de
avances en la materia.
Estos avances tienen como causa
fundamental el proceso de organización popular a escala de masas que se dio en
el sector y que reseñamos brevemente en las siguientes líneas. Hasta 2007, los
dos principales canales de ingreso de recuperadores urbanos a la Ciudad de
Buenos Aires eran los Trenes Cartoneros (zona norte y oeste) y 120 camiones
precarios (zona sur) que se diseminaban en distintos puntos de la Ciudad de
Buenos Aires. Para poder viajar, los cartoneros debían abonar una cuota mensual
al dueño del camión que muchas veces era el mismo galponero y otra a la
comisaría de la zona que, no obstante recaudar sistemáticamente en todas las
paradas, con muchísima frecuencia incautaba los materiales o detenía a los
compañeros con cualquier excusa. Esta cuota representaba el 40% de los ingresos
del compañero. Una indignante estafa.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos
se fundó en 2002, en una argentina dónde campeaba el hambre, y se construyó
peleando por el derecho al trabajo, aunque fuera, paradójicamente, un trabajo
sin derechos. Centró su actividad en los cartoneros, aunque su objetivo
fundacional es agrupar al sector de la clase trabajadora que tras décadas de
neoliberalismo había quedado afuera del mercado formal de trabajo y los
derechos consagrados por las leyes y convenciones colectivas. La
primera tarea fue, entonces, defender el derecho al trabajo y se expresó en la
derogación del edicto de la dictadura que ilegalizaba la actividad de
recuperación de residuos, llegando así a la sanción de la ley 992/02.
La segunda fue combatir la matriz de
explotación mafiosa que dominaba el corazón de la actividad: la logística. Durante
muchos años la pelea fue silenciosa, de un trabajo militante y solidario que
tenía como objetivo romper las cadenas del miedo que la mafia había generado
entre los compañeros. A partir de 2005, la lucha empieza a expresarse en escraches
a comisarías, marchas al Gobierno de la Ciudad, cortes de puente, presentación
de amparos y denuncias contra los policías coimeros. Alrededor de 2006, se
logró la abolición de la cuota policial.
A partir de ese momento, se abrió una
tercera etapa: la lucha fue por los derechos y el reconocimiento del cartonero
como servidor público. Después de innumerables denuncias, movilizaciones, cortes de puente y
otras medidas de acción directa, y frente a la evidencia incontrastable de los
bolsones de corrupción en el Servicio Público de Higiene Urbana de la Ciudad de
Buenos Aires, se avanza hacia la estatización del Servicio Público de
Recolección Diferenciada y Reciclado. A partir del año 2008, las partidas
presupuestarias que se afectaban al pago de empresas privadas por servicios que
no realizaban se destinaron al desarrollo de un programa a gran escala de
co-gestión entre el Estado y las Cooperativas de Recuperadores Urbanos, que
para entonces venían trabajando en su unidad gremial.
Este programa permitió, por primera
vez, una recuperación significativa de derechos laborales para miles de
trabajadores de la actividad, el aumento de sus ingresos y una drástica
reducción en los índices de trabajo infantil. Entre otras cosas, se reformó
radicalmente el sistema de trasporte de materiales y recuperadores,
reemplazando los camiones destartalados y el tren blanco por una flota estatal
de aproximadamente 50 camiones 0Km y unos 30 colectivos.
Así, se logró el remplazo de una
logística precaria de matriz mafiosa dominada por la policía federal por un
sistema cooperativo de trasporte de residuos sólidos urbanos y también de
recuperadores urbanos. En el proceso, se incorporaron como choferes de las
Cooperativas los choferes de los viejos camiones que pasaron de ser sub-intermediarios
del sistema ilegal a trabajadores de una organización democrática y solidaria.
Este proceso, no exento de conflictos, permitió que miles de trabajadores
viajen de manera segura, separados de los materiales, bajando
significativamente el índice de mortalidad y accidentes laborales. Asimismo,
permitió que los cartoneros ahorrasen el gasto de logística, que fue asumido
por el Estado, aumentando significativamente sus ingresos.
Asimismo, se logró el reconocimiento de
una compensación económica individual, la provisión de obra social y seguro de
accidentes personales, la entrega de uniformes de seguridad confeccionados en
talleres textiles cooperativos, el desarrollo de una significativa
infraestructura estatal para el procesamiento de materiales y
el mencionado programa de erradicación del trabajo infantil que incluye la
provisión de guarderías. Adicionalmente, se reemplazó el sistema privado de
Grandes Generadores por uno cooperativo, permitiendo el ingreso de más de 25 tn
diarias a los Centros Verdes de la Ciudad.
A partir de 2010, con la
renegociación de los contratos de higiene urbana se abrió una cuarta etapa, consistente
en la consolidación institucional de este proceso de reivindicación
popular. Fue una etapa de debate y discusión política de cara a la sociedad y
al movimiento ambientalista. Este debate se produjo en los medios de
comunicación, en las audiencias públicas de la legislatura porteña, en las
comisiones de seguimiento del ejecutivo, y también en la calle. El saldo fue la
formalización del Sistema mediante un concurso público, una ley y la posterior
firma de una contrata en enero del corriente. Un triunfo rotundo del movimiento
cartonero.
Se abre ahora una quinta etapa, la más
compleja, la más peligrosa, la más dura de este proceso: la lucha por la renta
cartonera a escala de masas. Durante estos años, los “expertos” desarraigados del pueblo plantearon
que el problema central radicaba en la eliminación de los intermediarios.
El quid de la cuestión es cómo realizar
una eliminación sistemática de todos los intermediarios sin la perder puestos
de trabajo y recuperando la renta para los trabajadores. En esa clave, tampoco
es válida la impostura de reemplazar galpones clandestinos por cooperativas
truchas. La recuperación de la renta será un hecho cuando, no un grupo, sino
todos los cartoneros como sujeto social, como sector, perciban precios
adecuados por los materiales que recuperan. Está por verse que
cooperativas acompañan este proceso y cuales se alían con la mafia de
intermediarios-explotadores en contra de los intereses de los trabajadores
cartoneros. Las cooperativas que compran material tiene la posibilidad de
reconvertirse y garantizar precios justos a sus asociados. El objetivo está
claro: ningún cartonero vendiendo materiales por debajo de su valor mayorista.
Para lograr este objetivo se necesita
la infraestructura, la tecnología y la técnica. Pero fundamentalmente, una
férrea voluntad de terminar con la cadena mafiosa de empresarios ilegales que
hoy dominan la comercialización de los materiales. A esta altura y tal como lo
demuestra la consolidación del trabajo esclavo en otras industrias como la
textil, está claro que el Estado, desde arriba, lejos de pelear contra estos
flagelos, parece premiarlos y reivindicarlos.
En la industria del reciclado de la
Ciudad de Buenos Aires estamos en perfectas condiciones de avanzar hacia la
eliminación total de los intermediarios-explotadores. Tenemos la
infraestructura y la legislatura porteña ha votado un presupuesto que alcanza
perfectamente para recibir la tecnología adecuada. En cuanto a los aspectos
técnicos y procedimentales, existe gran cantidad de técnicos capacitados y
experimentados para avanzar en la gestión. Las Cooperativas de Recuperadores
Urbanos garantizamos el apoyo de la mayoría al proceso de avance contra la
mafia de intermediarios-exploradores. Solo resta “construir” la voluntad
política de avanzar decididamente contra las manifestaciones violentas de
resistencia de los intermediarios-explotadores sin exponer a los compañeros más
vulnerables. Si las autoridades no avanzan en este sentido, la presión social y
popular será imprescindible.
21/02/2013
