El boom inmobiliario construye torres inalcanzables para los trabajadores, y encarece la tierra convirtiendo a los barrios obreros -que son los que en definitiva generan riqueza a esta ciudad- en vidrieras turísticas.
La emergencia habitacional habla de medio millón de personas -entre habitantes de villas, asentamientos, hoteles, inquilinatos y casas tomadas-, sin incluir a los miles de inquilinos que todavía pueden acceder a un alquiler formal.
Sin embargo, los gobiernos no enfrentan, no solucionan, ni reconocen esta realidad. La única política oficial tiene como finalidad la expulsión de los trabajadores y los sectores humildes de la ciudad.
Hoy el tobogán social arrastra a las familias desde el alquiler de un departamento, a una pieza de hotel, a una villa, hasta culminar en la calle; producto de la inflación que modifica los alquileres, la ambición inmobiliaria dolarizada, y las condiciones exigidas imposibles de cumplir.
De cara a esto, el gobierno no actúa cuando tiene que urbanizar las villas, legislar sobre las viviendas ociosas, concretar créditos hipotecarios accesibles, construir viviendas sociales disponiendo de los terrenos propios, y no, saliendo a rematarlos o regalarlos como hace actualmente el Instituto de Vivienda de la Ciudad, con el silencio de la Legislatura, la cual aprueba presupuestos que el gobierno sub ejecuta en áreas sociales mientras que sobre ejecuta en áreas represivas, subsidia a la educación privada, otorga favores a empresas amigas y/o familiares y trata de privatizar la salud así como a la cultura. O sea, Legislatura que termina siendo funcional a los fines del gobierno.
Frente a todo esto, hay quienes nos organizamos permitiendo dar algunas respuestas y contenciones, que implican la defensa de un predio, la constitución de cooperativas de vivienda, la defensa frente a atropellos jurídicos (inquilinos de San Telmo, deudores hipotecarios), en definitiva, organización que fortalece el reclamo del derecho a una vivienda digna.
Este accionar del Estado es una constante histórica, hace más de un siglo fue la huelga de inquilinos; ayer fue la toma del Parque Indoamericano que se llevó 3 vidas; y hoy aún no se encuentran los responsables directos ni ideológicos, así como tampoco la solución a la falta de viviendas.
Los gobiernos esquivan la obligatoriedad de su trabajo, acusando a la inmigración o a la ineficiencia de otros gobiernos. Y atacan las formas organizativas de los sin techo a través de las amenazas de expulsión del sistema, el aumento continuo de los desalojos (con la complicidad judicial), y la represión directa de la UCEP ayer; y hoy por fuerzas mafiosas cuyo uso “alquila” el propio Estado -léase barras bravas, patotas sindicales, anque “uniformados” sin uniformes- para concretar un desalojo ilegítimo, para justificar una masacre, para explicitar que no nos merecemos una vivienda digna.
Frente a todo lo sucedido debemos seguir luchando, el acceso a la vivienda digna es un derecho. Ni la vivienda, ni la salud, ni la educación, ni el trabajo nos serán regalados. Por eso estamos acá decididos a organizarnos y exigiendo vivienda digna para todos y todas.
• Por un verdadero plan de construcción de viviendas sociales.
• Basta de Desalojos.
Por el Derecho a Vivir en la Ciudad
porelderechoavivirenlaciudad@yahoo.com.ar
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