La lucha por vivienda hoy
¿Qué dejó el conflicto del Indoamericano?
En el mes de diciembre la respuesta del estado a la emergencia habitacional vino a sumar más muerte y represión.
El gobierno nacional y el gobierno de la ciudad se unieron para dejar en claro que la respuesta que tienen para dar al problema de la vivienda es la negación de las necesidades y la represión a todo tipo de reclamo. Represión que no sólo hizo su aparición en un momento puntual sino que marcó la cancha hacia adelante. Para cada problema, la salida es la represión y nunca la solución de fondo. Inmediatamente después del Indoamericano, vinieron la invasión de 6000 gendarmes al Conurbano, los discursos oficiales contra las protestas callejeras y la tentativa de bajar la edad de imputabilidad.
La respuesta represiva se completó con la amenaza del recorte de los planes sociales. El macrismo y el kirchnerismo se unieron no sólo para reprimir sino también para buscar nuevas vías de amedrentar a la población con la amenaza de una medida legalmente inaplicable.
Finalmente, del conflicto del Indoamericano también quedó la promesa de un plan de vivienda que no resolverá el déficit habitacional.
El reclamo del Indoamericano
Lejos de todas las acusaciones que se encargaban de difundir los medios y el estado,
la toma de ese parque abandonado respondía a un reclamo legítimo por vivienda y como tal se trató de una medida de protesta genuina. Se construyó un trasfondo de historias de narcos, punteros y “activistas infiltrados” que por momentos logró ocultar el real trasfondo de años de emergencia habitacional y de años de políticas antipopulares.
Un mercado que excluye
El problema de la vivienda es algo que afecta a la mayor parte de la población. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, hay más de
500.000 personas en situación de emergencia habitacional. Se trata de medio millón de personas que viven en villas, asentamientos, hoteles, piezas de inquilinato, casas tomadas, o directamente en la calle
. Pero la actual situación va mucho más allá. Hoy la vivienda propia es inalcanzable para la mayor parte de los trabajadores y los sectores medios. Y es entonces que más sectores deben incorporarse a la lucha por vivienda digna. Los exorbitantes precios del mercado inmobiliario impactan sobre los alquileres haciéndolos cada vez más caros. Incluso quienes tienen la posibilidad de acceder a un alquiler en el sector formal, deben pagar precios desmedidos y sufrir abusos en la renovación de los contratos.
La falta de regulación por parte del estado es la causa de un mercado excluyente. Los precios y las condiciones de contrato son imposición total de los propietarios. El mercado inmobiliario excluyente viene a agravar las condiciones de vida que impone la informalidad en el mercado laboral.
La falta de garantías se paga cara. Los alquileres del sector informal siguen los aumentos que se dan en el sector formal, aunque, la mayoría de las veces, un alquiler de una pieza en un hotel o en la villa supera al de una vivienda en el sector formal.
La otra cara de estas políticas excluyentes es el
estímulo desde el estado de las actividades de especulación inmobiliaria y de la construcción de megaproyectos para el turismo o sectores de alto poder adquisitivo.
Tanto el gobierno kichnerista como el macrista no dudarán ni un segundo en desalojar a una familia de su vivienda, pero sí lo harán a la hora de construirla. Sólo la organización de todas las familias permitirá el luchar por el acceso a una vivienda digna. Sólo la lucha podrá hacer que nuestros derechos se cumplan.
Al Sur del olvido
Las condiciones habitacionales de barrios como
La Boca, Barracas, Constitución y gran parte del sur, responden a una
sistemática política de expulsión.
En la ciudad de Buenos Aires son desalojadas en promedio unas diez familias por día. Se realizan en total alrededor de 5 mil desalojos por año. El avance de los desalojos en la ciudad es parte de una política habitacional marcada por el vaciamiento del IVC, la subejecución del presupuesto para vivienda y la venta de inmuebles y terrenos del estado.
Su contracara es el florecimiento de grandes negocios inmobiliarios.
Desalojando Buenos Aires
Se trata de una política de expulsión que fija el gobierno y el poder judicial acata. Las causas por usurpación se han multiplicado notablemente en los últimos años, impulsadas directamente por el macrismo desde las fiscalías de la ciudad.
Para muchas familias que no pueden acceder al mercado formal la alternativa ha sido el inquilinato de piezas en hoteles o pensiones en las que viven hacinadas y en precarias condiciones habitacionales y contractuales. Estas familias, al no poseer garantías, caen víctimas de todo tipo de abusos. No sólo de parte de los propietarios y encargados, que deciden los precios de alquiler a su mejor conveniencia y sin ningún tipo de regulación por parte del estado, sino también de quienes estafan a los inquilinos cobrando alquileres sobre propiedades de las cuales no tienen título alguno. Cuando el alquiler de habitaciones ya no es negocio o se presenta la posibilidad de venta del inmueble, los (supuestos) dueños se valen de diferentes mecanismos para desalojar a las familias. Esta vez el estado sí interviene, dejando en claro de qué lado está: el de los “propietarios”.
Entre estos mecanismos están la suba desmedida de los alquileres (desalojo encubierto), las amenazas, los aprietes y desalojos ilegales (muchas veces con complicidad y participación de la policía y los oficiales de justicia). Finalmente y como último recurso, queda la vía legal: esperar los tiempos de la justicia y una sentencia de desalojo que tarde o temprano llegará para consagrar un único derecho, el de propiedad.
Los desalojos se realizan sin ninguna consideración ni solución para las familias desalojadas. En la mayoría de los casos éstas no logran volver a reubicarse en la Ciudad, y en caso de hacerlo, esto suele ser sólo transitorio. Los planes de vivienda existen sólo en forma de promesas electorales y la única “respuesta” que el gobierno ofrece a las familias que quedan en la calle es un subsidio de apenas 700 pesos (restringido a diez cuotas mensuales, en el mejor de los casos) a todas luces insuficiente, pero además sujeto a todo tipo de trabas.
Las experiencias de organización y lucha han demostrado no sólo que ésta es la única vía para resistir los desalojos o conquistar algún tipo de respuesta (subsidio habitacional unificado), sino incluso para lograr mínimas condiciones de legalidad en los desalojos.
Barrio moderno, barrio desalojado
La Boca posee un gran atractivo turístico concentrado en cuatro coloridas cuadras de Caminito y en el de Estadio Boca Juniors, mientras el resto del barrio, sin atractivo para los turistas, permanece en la desidia y en el deterioro frente a la ausencia de las políticas estatales. Un ejemplo más que paradigmático es el asentamiento de Pedro de Mendoza entre Suárez y Lamadrid. La particularidad geográfica de la Boca, en el Sur de la Ciudad y a orillas del Río de la Plata, vecina del exclusivo Puerto Madero, unida a la particularidad simbólica de su historia, hacen del barrio uno de los lugares más interesantes para los negociados inmobiliarios que presenta la Ciudad de Buenos Aires. Para la valorización de las propiedades es necesaria una modernización y para ello echar a todo aquel que “impida” su desarrollo. Un vivo ejemplo de esto fue la nivelación de la Av. Regimiento de Patricios, en el límite entre La Boca y Barracas, que duplicó el valor de los terrenos y casas por demoler, dejando el campo libre para el ingreso de empresas.
Cuenca Matanza Riachuelo: Zona de promesas
El gobierno de la Nación, de la Provincia y la ciudad de Buenos Aires deberán presentar un plan en los primeros días de febrero para dar solución a todas las familias que viven en los asentamientos que están a la vera del Riachuelo, con el supuesto fin del saneamiento de su cuenca. Habían comenzado las obras para hacer el camino de sirga del Riachuelo y la continuación del lujoso y contrastante Puerto Madero; pero se encontraron con centenares de familias, o “escollos” como gustan llamar los diarios. Familias reiteradamente burladas con subsidios o promesas de vivienda que nunca llegan. La Villa 21-24, la Villa Magaldi, El pueblito, la Villa 26 y el asentamiento de Pedro de Mendoza son zonas afectadas por la orden de desalojo. No causa sorpresa la lógica con la que operan nuestros gobernantes y sus fuerzas policiales: Ya se realizaron desalojos de forma aislada, en un asentamiento ubicado en las inmediaciones del Puente La Noria, en Villa Fiorito, y otros que ni llegan a ser de público conocimiento. La desfachatez con que desarrollan tan despiadada política tiene que ser la fuerza para generar mayor organización.
No hace mucho, el flamante ministro de economía Amado Boudou, anunció un plan que consta de la construcción de 17.771 viviendas en la cuenca Matanza-Riachuelo. Con la misma soltura y caradurez con la que hace cinco años firmaban un convenio por la construcción de 10.746 viviendas que, obviamente, hoy no existen.
7/2/2011
PRISMA La Pulpería MTL Rebelde
